Santo Domingo./Deyanira Polanco- La propuesta del sector empresarial de modificar el Código de Trabajo fue rechazada ayer por senadores y diputados que la califican de inoportuna, porque la actual crisis global afecta más a los que menos tienen.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Radhamés Castro, y el senador Adriano Sánchez Roa, autor de un proyecto de aumento salarial que cursa en el Congreso, expresaron su oposición a la iniciativa de los empresarios.
Sánchez Roa dijo que en el conocimiento de la Reforma Constitucional propondrá mayor protección salarial para los trabajadores y aseguró que el Congreso no modificará ninguna ley para perjudicar a más de cuatro millones de personas.
“No es posible que en estos momentos hayan personas ganando tres mil 500 pesos mensuales, siendo las zonas francas favorecidas con un aval del Estado de mil 200 millones de pesos para preservar empleos. Ellos no deben estar apretando la tuerca, nosotros nos oponemos”, enfatizó Sánchez Roa.
Sostuvo que los empresarios y las zonas francas no se conforman con haber mantenido congelado los sueldos durante dos años, y dijo que el proyecto que sometió al Congreso busca que el aumento salarial se realice por ley y no que se discuta por el Comité de salarios, ya que ese organismo sólo tiene capacidad para aumentar el sueldo mínimo. De su lado, el diputado Radhamés Castro dijo que es inoportuno el planteamiento de los empresarios, porque sería echarle pólvora y fósforo al ambiente nacional en momentos en que amplios sectores están protestando por diferentes demandas.
Recordó que en los momentos de crisis los más afectados son los trabajadores, porque pierden calidad de vida y sus empleos, en cambio los empresarios lo que ven es reducir sus ganancias.
Dijo que respetan el derecho que tiene el sector empleador, pero su propuesta es inaceptable, y que éste lo que debe hacer es buscar fórmulas efectivas para enfrentar la crisis.
Mientras, el diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) consideró que, además de la protección de los trabajdores dominicanos, se debe abogar por la nacionalización del trabajo.
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